Aristocles

Imagino que cualquiera que lea este titular tendrá la tendencia inmediata a contestar que sí. Algunos casos, sin embargo, los dejamos pasar sin más por ser cuestiones de poca importancia o por haber sido casos relacionados con políticos alineados con nuestra forma de pensar. Esto último, por cierto, es uno de los grandes defectos de la democracia española, pero da para un artículo independiente.

El caso es que Moratinos, ex-ministro de Exteriores, sigue viviendo en la residencia oficial asignada al cargo. Dicha residencia debe ser ocupada por su sustituta, Trinidad Jiménez, puesto que además de vivienda tiene el propósito de servir para recepciones y eventos a los que asisten diplomáticos con carácter oficial. Imagino que esta es una situación temporal, derivada de un gesto de cortesía de Trinidad Jiménez hacia Moratinos, y que pronto deberá cambiar.

No obstante, lo sorprendente es que el señor Moratinos ha ofrecido en alquiler su residencia particular. Los malpensados creerán que no piensa volver a vivir en ella y que no pretende abandonar la residencia oficial. Yo pienso que, más bien, cambiará de domicilio o abandonará Madrid. El problema reside en cómo ha anunciado Moratinos la venta de su vivienda particular. Lo ha hecho en la intranet del Ministerio de Exteriores a la que sólo tienen acceso funcionarios y diplomáticos. El anuncio indica un precio de 1.900 euros mensuales, que la vivienda es de lujo, tiene 200 metros cuadrados y se encuentra en la zona residencial de La Pivonera. También hay un número de teléfono móvil que resulta ser el de su mujer que, por cierto, al ser contactada por teléfono y preguntada al respecto ha negado que la vivienda esté en venta o alquiler.

Mi pregunta: ¿es lícito que un político y ex-funcionario público utilice una red interna del funcionariado de un ministerio para vender o alquilar su casa? Si no es lícito, ¿cuánto nos importa? Y ya por curiosidad, ¿por qué lo niega su mujer?